La Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA) alerta sobre la iniciativa del Gobierno de Cantabria de sacar a concurso público la plaza para designar al futuro director de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte sin fijar criterios de valoración objetivos.
Ante las recientes noticias publicadas en diferentes medios de comunicación de nuestra región, así como en el Boletín Oficial de Cantabria del pasado 23 de agosto en el que se exponían las bases y requerimientos necesarios para la elección de puestos de relevancia para el desarrollo económico y personal del sector cultural en Cantabria, desde PECCA queremos resaltar el avance que supone, en cuestión de transparencia, optar por convocar un concurso público en lugar de realizar designaciones “a dedo”, como se venía resolviendo con anterioridad.
Confiamos además que dicha transparencia se demuestre en los criterios que se apliquen a la hora de seleccionar al candidato más adecuado y preparado para el desempeño de su función.
Consideramos que la elección de dicho cargo, destinado a dirigir una entidad de tanto peso y relevancia como es la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), no puede ser resuelta únicamente, aunque con ello se cumple la ley, en base a estar en posesión de un título Universitario y disponer de experiencia en la dirección de equipos, ni dejar todo resuelto con una entrevista que designe al máximo regidor de esta empresa pública, dejando en el aire otros criterios de baremación tan importantes como pueden ser la experiencia o no en empresas y ámbito del sector cultural, dentro y fuera de nuestra región.
Los criterios de selección han de ser revisados, acotados y ampliados y, si fuera necesario, la convocatoria debería ser aplazada o pospuesta hasta que queden fijados dichos criterios.
La iniciativa permite a todos los gestores y gestoras culturales la posibilidad de participar en este concurso para demostrar al Gobierno de Cantabria el gran número de profesionales con experiencia contrastada a la altura de las exigencias del puesto. Con ello, entendemos y confiamos en que el Gobierno elegirá un jurado, según establece la ley, con demostrada capacidad de evaluación y que garantice un proceso transparente, justo y objetivo.
Entendemos que todas las candidaturas se van a estudiar considerar con el máximo rigor y equidad, que se convocará a entrevista a todos los candidatos y candidatas idóneos y en que dicha entrevista se llevará a cabo mediante un estricto protocolo diseñado y pactado de antemano con una batería de preguntas estándar para todas las personas, que serán puntuadas según un patrón de evaluación por escrito y de forma individual por cada miembro del tribunal.
